Menu

Log in Register

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Content

Breadcrumb

La Convención sobre los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos del Niño Featured

La preocupación por la protección de los niños en América Latina es un fenómeno constatable a lo largo de todo el siglo XX (Romero, 2007). La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (CDN) dio un nuevo impulso al tema, transformándose en un marco legislativo de referencia obligada. Es un tratado internacional de 54 artículos en el que se recogen los derechos humanos de todos los menores de 18 años; exige su aplicación a la luz de sus principios rectores y, como instrumento jurídico, refuerza los derechos de la infancia. La Convención sustenta una combinación única de virtudes: subraya y defiende la función de la familia en la vida de los niños, la obligación de los Estados y la responsabilidad de los padres en materia de atención a sus hijos; fomenta el respeto de la infancia; apoya el principio de no discriminación y, finalmente, establece claras obligaciones para los Estados parte (Naciones Unidas, 1989).

El reconocimiento de la Convención es prácticamente universal. El Comité de los Derechos del Niño, con sede en Ginebra, tiene poca fuerza efectiva, pues sus recomendaciones no son vinculantes para los Estados (Ravetllat, 2006). Está formado por 18 miembros expertos en derechos del niño. Todos los países miembro deben presentar un informe inicial, dos años después de la adhesión a la Convención y, posteriormente, hacerlo cada cinco años. El trabajo del Comité es complejo, pues debe examinar dichos informes, así como los relativos a los protocolos facultativos y los elaborados por las diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) y, posteriormente, realizar una serie de observaciones generales a lo planteado en la sesión pública. Sus reuniones se realizan en Ginebra, tres veces al año. Los miembros del Comité, además de este trabajo, celebran reuniones técnicas internas previas a cada sesión que suelen tener como resultado final la publicación de “Observaciones  generales” sobre la aplicación de determinados artículos de la CDN.

Todos los países de América Latina firmaron la CDN en un plazo muy breve; la mayoría en los dos primeros meses desde su aprobación y la ratificaron a lo largo de 1990. Asimismo, casi todos entregaron sus informes preceptivos más o menos dentro del plazo establecido, aunque existen algunos que han retardado de manera llamativa dicha entrega; por ejemplo, Brasil envió el primer informe con más de diez años de retraso. En otros casos esta demora no ha sido tan importante, como ocurre con Cuba, Guatemala, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Así pues, desde 1992 hasta 2010 se ha generado un importante corpus documental donde se recogen datos fundamentales sobre la situación de la infancia en América Latina. La información procede de tres fuentes: a) de los informes de los Estados parte, b) de los elaborados de las ONG dedicadas a la infancia y que actúan en la región y c) de las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño. De ellas, la más sustancial es la de este último, ya que al realizar las observaciones y recomendaciones a cada país considera los informes de los Estados parte y de la ONG. Además, en el acto de presentación pública ante el Comité, los representantes del país actualizan información y contestan a los planteamientos de los miembros del Comité. Todo ello le da un valor suplementario a dichos documentos.

Por otra parte, estos informes finales son la respuesta del Comité a los países y sirve de orientación para que los mismos implementen en sus políticas nacionales las observaciones y recomendaciones.

Balance de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Avances y problemas

En estos últimos veinte años ya se puede establecer un balance sobre lo que ha supuesto la implementación de la CDN en el mundo (Dávila y Naya, 2011). Con respecto a la región, este trabajo ha sido realizado por la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños y Adolescentes que establece tres ámbitos de análisis: a) avances vinculados a la CDN; b) retrocesos que afectan a los derechos del niño; y c) principales problemas vinculados con el cumplimiento de esos derechos (REDLAMYC, 2009). Los avances se mueven más en el ámbito de las reformas legislativas y la retórica que ha acompañado estos años al discurso sobre los derechos de la niñez. Es decir, construcción de nuevos marcos conceptuales o cambios legislativos, presentación de informes, incorporación de los derechos del niño en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, etcétera. Los retrocesos, siendo escasos, tienen su relevancia pues afectan a las dificultades de llevar a cabo los planes nacionales promovidos por los países, las reformas que, en la práctica, no se adecuan al enfoque de los derechos del niño, o a la criminalización de los sistemas de justicia juvenil. En cambio, la cuestión principal son los problemas relacionados con el cumplimiento de esos avances. Es decir, la persistencia de la desigualdad, la discriminación, la violencia contra la infancia, la migración, la falta de coordinación de las instituciones de atención a la niñez, la carencia de datos oficiales, la insuficiencia de recursos o la aceptación del lenguaje de la CDN pero escaso nivel de implementación de las observaciones del Comité, además de la pobre difusión de sus informes.

Se trata de un balance donde se constata, nuevamente, la creencia generalizada de que los textos legales por sí solos tienen la fuerza de cambiar la situación de los derechos del niño. Esta ambigüedad, al final, se resuelve con una retórica que en pocos casos tiene que ver con las prácticas y las políticas públicas. En este sentido las reflexiones finales del estudio de la REDLAMYC son concluyentes: hay que pasar del discurso a la acción, reforzando la capacidad movilizadora de los movimientos sociales de las diferentes infancias de América Latina y construir colectivamente una nueva agenda, donde se fortalezcan los sistemas de seguimiento y la inversión pública esté en función del cumplimiento de la CDN.

Observaciones y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño

Otra de las vías posibles para conocer la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como hemos señalado, es analizar los documentos finales del Comité de los Derechos del Niño, donde se recogen las recomendaciones a los informes presentados por los Estados parte (Comité de los Derechos del Niño, 2006). Este último texto nos ha servido de base para analizar todas las sugerencias y observaciones realizadas a los países de la región hasta 2006. Para el periodo comprendido entre este año y 2010 hemos utilizado los informes finales del Comité disponibles en la página web relativa a sus sesiones (Comité de los Derechos del Niño, 2011); el resultado obtenido puede resumirse en que se constataba la existencia de cinco ámbitos de preocupación: a) falta de armonización entre la legislación nacional y la CDN; b) preocupación por la indefinición de los principios generales de la CDN; c) persistencia de malos tratos, abusos y castigo corporal; d) abuso de la privación de libertad en la justicia juvenil, y e) escasa información sobre la CDN y la falta formación de los profesionales.

Así, con respecto al primer ámbito de preocupación, sorprende que todos los países analizados por el Comité en este último decenio reciban observaciones relativas al cumplimiento de lo previsto en los códigos o leyes integrales de la infancia. Éstas se refieren bien a la lentitud de la puesta en marcha de instituciones previstas, como los defensores de los niños (Argentina y Bolivia), bien a la falta de coordinación entre los organismos dedicados a la infancia (Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay), o bien porque algunas leyes relativas a la niñez no se adecuan a la CDN (Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Uruguay). En el caso de Perú, presentado en 2006, se solicita la derogación de algunas leyes contrarias a la Convención.

En relación con los principios generales (que según la CDN son: la no discriminación, el interés superior del niño, la participación y la supervivencia), el Comité constata que países como Bolivia, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay no son especialmente sensibles al principio de interés superior del niño y demanda una mejor definición e implicación de los profesionales. Asimismo, el principio de no discriminación no se aplica en Costa Rica, con referencia a los niños indígenas. El Comité cuando realiza estas observaciones es especialmente cauteloso, utilizando una frase reiterativa en la mayoría de los informes señalando que “aunque el Comité acoge con satisfacción los avances registrados […] recomienda […]”. No podemos olvidar que no tiene función sancionadora alguna. Sobre los malos tratos, abusos y castigo corporal, tanto en el ámbito escolar como familiar, el Comité se refiere a los casos de Bolivia, Honduras Brasil, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Venezuela, incluso reiteradamente en el caso de los dos primeros países. Esta situación es indicativa de que, a pesar de la diferencia de cinco años entre un informe y otro, las condiciones no parecen haber mejorado en Bolivia y Honduras. Se constata que, a pesar de la prohibición recogida en la mayoría de los códigos, su
aplicación no es efectiva.

La justicia juvenil es otro ámbito de preocupación, sobre todo porque no se aplican con el rigor necesario las medidas “socioeducativas” previstas en los códigos y se opta por el internamiento o la privación de libertad, como ocurre en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Perú y, finalmente, el Comité insiste en que se realicen campañas de divulgación de los códigos o de la CDN y en que se forme a los profesionales en el ámbito de la infancia (Brasil, Ecuador, Honduras, y Uruguay). A la vista de este balance, resultan evidentes las consecuencias que ha tenido la CDN en el marco legislativo y el grado de cumplimiento por parte de los países de América Latina. No obstante, una de las formas más genuinas de implementar la CDN en la región ha sido la elaboración de los denominados “códigos de la niñez”, cuya existencia ya conocemos desde el primer tercio del siglo XX (Romero, 2007), y que son una CDN en miniatura.

La educación y los códigos en América Latina

Los códigos de la niñez dictados en la mayoría de países de América Latina, siguiendo una larga tradición, adquirieron, con la ratificación de la CDN, una nueva perspectiva dentro de los derechos de la infancia, transformándose en el marco interpretativo y director de las políticas públicas integrales a favor de la infancia. Se trata de leyes de alto rango constitucional que resuelven conjuntamente la serie de derechos recogidos en los tratados internacionales y que son el marco normativo de aplicación. En este primer decenio del siglo XXI se reafirma dicha tradición, implementando de una manera congruente los principios de la CDN.

Del análisis de dichos códigos, utilizando para ello los principios generales de la CDN y los indicadores del derecho a la educación, se aprecia que la puesta en marcha se ajusta a dicho tratado internacional. La mayoría de códigos mencionan a la cdn como marco interpretativo de sus leyes nacionales. Éste es el fondo de la visión general de los códigos, en cuanto trata cuestiones transversales y básicas sobre los derechos del niño. La mayoría de los países de América Latina desarrollan el derecho a la educación en sus códigos, aunque hacen mayor hincapié en el acceso
a la educación que en otros indicadores de este derecho. Hay diferencias importantes en políticas contra el absentismo escolar o la disciplina escolar.

Por lo tanto, este derecho está formalmente reconocido en toda la región, en cuanto a las obligaciones y responsabilidades del Estado, pero se perciben mayores dudas cuando nos referimos a otros aspectos educativos
de los códigos. No obstante, hay que señalar las dificultades que plantea la exigibilidad del derecho en muchos países de la región (Pérez, 2007; Latapí, 2009; Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, 2010). De esta manera podemos afirmar que se plasma mucho mejor la asequibilidad y la accesibilidad que la aceptabilidad y la adaptabilidad. En cuanto a los fines educativos, se aprecia la relevancia que los códigos conceden a la formación de la personalidad de los niños y a un conjunto de valores relativos a la familia y a la identidad, así como a la “educación en derechos humanos”, que está muy extendida en América Latina. También están presentes otros aspectos educativos, como las medidas socioeducativas en los casos de los adolescentes en conflicto con la justicia. Asimismo es de señalar la importancia que algunos países conceden a la educación intercultural bilingüe de los pueblos originarios.

A la vista de esta visión general se puede concluir que la riqueza de matices que se manifiesta en los códigos de la niñez en América Latina es una muestra de la percepción educativa de los legisladores de la región. Se trata de un discurso coherente y apegado, en muchas ocasiones, a la letra de la CDN. En este sentido, se puede afirmar que se ha superado el enfoque tradicional que consideraba a los niños como menores, asumiendo el enfoque de derechos humanos y del niño como sujeto de derecho. Los códigos, por lo tanto, han significado un avance en la región, aunque existen países en los que se aprecia una congruencia mayor con la CDN (Brasil, Bolivia, Colombia, Guatemala, Uruguay y Venezuela), mientras que el resto son más ambiguos a la hora de plasmar los principios básicos y su implementación. Todos los códigos analizados plasman, en un lenguaje “políticamente correcto”, los principios de la CDN, aunque, como señala el Comité de los Derechos del Niño, se manifiestan muchas ambigüedades e incongruencias en cuanto a la armonización con dicho tratado internacional.

La apuesta realizada por los países de América Latina es fuerte en el plano discursivo, a la vista de los citados códigos, aunque demasiado confiada en que la ley es suficiente para reformar y cambiar la situación de los niños, niñas y adolescentes. El valor concedido a la educación, en los diferentes ámbitos que hemos analizado (los principios generales de la cdn, el derecho a la educación y los fines de la educación), es una muestra de esa misma confianza en la palabra escrita y confirma que el horizonte educativo es la mejor inversión para proteger y defender los derechos de la infancia, a pesar de las dificultades para exigir el cumplimiento de la ley y la realidad de exclusión social y pobreza infantil existente en la región.



Referencias

Barrios, Ana G. (2006). “El derecho humano a la educación en América Latina: entre avances y desafíos”, en A. E. Yamin, (coord.), Derechos económicos, sociales y culturales en América Latina. Del invento a la herramienta, Ciudad de México/ Ottawa: Plaza y Valdés/International Development Research Centre, pp. 195-214.

Beloff , Mary (2006). “Los nuevos sistemas de justicia juvenil en América Latina (1989-2006)”, Justicia y Derechos del niño, núm. 8, pp. 9-50.

Beloff , Mary (2008). Fortalezas y debilidades del litigio estratégico para el fortalecimiento de los estándares internacionales y regionales de protección a la niñez en América Latina. Disponible en: http://www.observatoriojovenes.com.ar/almacen/fi le/Fortalezas%20y%20debilidades_%20Mary%20Beloff .pdf

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (2010). Justiciabilidad del derecho a la educación. Disponible en: http://www.campanaderechoeducacion.org/justiciabilidad/index.php.

Cillero, Miguel (1999). “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, Justicia y Derechos del Niño, núm. 1, pp.125-142.

Comité de los Derechos del Niño (2001). Propósitos de la educación, Observación general número 1 [CRC/GC/2001/1].

Comité de los Derechos del Niño (2003). Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Observación General número 5 [CRC/GC/2003/5].

Comité de Los Derechos del Niño (2006). Compilación de observaciones fi nales del Comité de los Derechos del Niño sobre países de América Latina y el Caribe (1993-2006), Santiago de Chile: unicef. Disponible en: http://www.unicef.cl/unicef/public/archivos_documento/196/compilacion_1993_2006.pdf

Comité de los Derechos del Niño (2011). Committee on the Rights of the Child – Sessions. Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm

Dávila, Paulí y Naya, Luis M. (2007a). “Educational implications of the Convention on the Rights of the Child and its implementation in Europe”, en A. Alen (ed.) Th e UN Children’s Rights Convention: theory meets practice, Amberes: Intersentia, pp. 243-265.

Dávila, Paulí y Naya, Luis M. (2007b). “Education and the rights of the child in Europe”, Prospects, núm 37, pp. 357-367.

Dávila, Paulí y Naya, Luis M. (ed.) (2011). Derechos de la infancia y educación inclusiva en América Latina, Buenos Aires: Granica.

Dávila, Pauli; Naya, Luis M. y Lauzurika, Asier (2010). “Las personas con discapacidad, el derecho a la educación y la Convención sobre los Derechos del Niño en América Latina”, Revista Latinoamericana de Inclusión Educativa, vol 4, núm. 2, pp. 97-117. Disponible en: http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art5.pdf.

Georgetown University-Political Database of the Americas (2006) Constitutions and Comparative Constitutional Study, Washington, d.c.: clas-Georgetown University. Disponible en: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/constudies.html

Gutiérrez, Juan Carlos (2006). Memorias del seminario internacional Los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, Monterrey: sre: Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México/Comisión Europea.

Hodgkin, Rachel y Newell, Peter (2007). Implementation handbook for the Convention on the Rights of the Child, Ginebra: UNICEF.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2009). El Derecho del bienestar familiar, Bogotá: Avance Jurídico Casa Editorial. iidh (2009). Informe interamericano de la educación en derechos humanos, San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Itzcovich, Gabriela (2009). Escolarización de niños y adolescentes: acceso universal y permanencia selectiva, Buenos Aires: siteal.

Latapí, Pablo (2009). “El derecho a la educación: su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, núm. 14, pp. 255-287.

Magendzo, Abaham (2010). “Pensando y rescatando conceptualizaciones de la Educación en Derechos Humanos en Iberoamérica”, en P. Dávila y L. M. Naya, Infancia, derechos y educación en América Latina, San Sebastián: Erein, pp. 305-316.

Muñoz, Vernor (2006). El derecho a la educación de las niñas. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación. Comisión de Derechos Humanos 62º periodo de sesiones, Naciones Unidas [E/CN.4/2006/45]

Muñoz, Vernor (2011). El derecho a la educación: una mirada legislativa comparada. Argentina, Uruguay, Finlandia y Chile, Santiago de Chile: unesco. Naciones Unidas (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Disponible en http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/.oei, cepal y Secretaría General Iberoamericana (2011). Metas 2021. Miradas sobre la Educación en Iberoamérica, Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos.

Opertti, Renato y Amadio, Massimo (2010). “Educación inclusiva, cambios de paradigma y agendas renovadas en América Latina”, en P. Dávila y L. M. Naya, Infancia, derechos y educación en América Latina, San Sebastián: Erein, pp. 227-248.

Pérez Murcia, Luis E. (2007). “La exigibilidad del derecho a la educación a partir del diseño y la ejecución de las políticas públicas educativa”, Estudios Socio-Jurídicos, núm. 9, pp.142-165.

Ravetllat, Isaac (2006). “El Comité de los Derechos del Niño”, en C. Vilagrasa e I. Ravetllat (eds.) El desarrollo de la Convención sobre los derechos del niño en España, Barcelona: Bosch, pp. 47-62.

redlamyc (2009). Estudio de balance regional sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño en América Latina y el Caribe. Impacto y retos a 20 años de su aprobación, Montevideo: Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes / Save the Children-Suecia.

Romero, Susana (2007). “Un siglo de legislación sobre infancia en América Latina. Un cuadro cronológico”, en P. Rodríguez y M. E. Mannarelli, Historia de la Infancia en América Latina, Bogotá, Universidad del Externado, pp. 615-632.

siteal (2009a). Primera infancia en América Latina. La situación actual y las respuestas desde el Estado, Madrid: oei/iipe/unesco.

siteal (2009b). Sistema de información sobre la primera infancia, Madrid: oei. Tomaševski, Katarina (2005). “El derecho a la educación, panorama internacional de un derecho irrenunciable”, en L. M. Naya (ed.). La educación y los derechos humanos, San Sebastián: Erein, pp. 63-90.

Tomaševski, Katarina (2006). Human rights obligations in education. Th e 4-As Scheme, Nijmegen: Wolf Legal Publishers.

 

Login to post comments